La investigación policial abierta para aclarar la existencia de una presunta trama delictiva organizada por altos cargos policiales, a las órdenes de Alfredo Pérez Rubalcaba durante su etapa al frente del Ministerio del Interior, vuelve a poner sobre la mesa del debate público uno de los problemas permanentes de nuestro régimen político: la organización, control y responsabilidad de los Servicios de Inteligencia.
Llueve sobre mojado en este terreno, porque no han sido dos, ni tres, y sí más de cuatro, los escándalos en los que se han visto implicados agentes, policías, políticos, directores y hasta ministros, relacionados con organismos de Inteligencia o servicios de seguridad de nuestro Estado. Mencionar solamente los nombres de Luis Roldán, Enrique Rodríguez Galindo, Rafael Vera, Emilio Alonso Manglano o José Barrionuevo vuelve a poblar nuestra mente de personajes y episodios, a cada cual más siniestro, relacionados todos ellos, en diferentes grados, con delitos de corrupción, guerra sucia o crímenes de Estado.
Los Servicios de Inteligencia disfrutan de un gran poder en todos los países del mundo. Una potestad oculta, no por ello menos efectiva, que les viene derivada por su enorme solvencia económica, los medios sofisticados con los que cuentan, el numeroso personal que tienen a sus órdenes y la información privilegiada con la que trabajan. La organización de los Servicios de Inteligencia en nuestro país es compleja y, hasta hace pocos meses, ha estado sometida a repetitivos cambios de dependencias ministeriales (Defensa, Interior, Presidencia, Exteriores…) sin llegar, en ningún momento, a solucionar el meollo de la cuestión: el control y responsabilidad sobre una actividad tan fundamental como es la defensa y seguridad de nuestro país.
En España han florecido los organismos de Inteligencia como setas. Contamos, naturalmente, con el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) heredero del antiguo CESID y antes del SECED franquista, hoy nuevamente dependiente de Presidencia del Gobierno (lugar donde nació con Carrero Blanco) a las órdenes de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. También hay Inteligencia en la Policía Nacional, en la Guardia Civil, en el CIFAS (Inteligencia Militar dependiente del Estado Mayor de la Defensa) y está por averiguar si las Policías Autonómicas han desarrollado algún tipo de estructura similar o paralela a las anteriores. Sospecho que sí.
Pocos Gobiernos se atreven a recortar en gastos de seguridad nacional. En España, incluso en épocas de lucha contra el déficit como la actual, los gastos de Inteligencia y fondos reservados se han mantenido o, incluso, se han incrementado respecto a ejercicios pasados. Así en los Presupuestos Generales del Estado para este año 2012 el Gobierno ha preservado las partidas destinadas a los gastos reservados de los ministerios de Interior, Defensa, Exteriores y en el CNI. Así, el Centro Nacional de Inteligencia, aunque ha visto reducidas su asignación presupuestaria en un 3,1%, hasta los 221,2 millones de euros, ha mantenido los dineros destinados a sus gastos reservados: un total de 17,8 millones de euros. Lo mismo ha sucedido en el Ministerio del Interior: los presupuestos del año 2012 ascienden a 8.610 millones, lo que supone un descenso del 1,71% respecto a 2011; sin embargo, los gastos reservados para la Policía y Guardia Civil ascienden a la cantidad de 6.709.610 euros, números idénticos a los años anteriores. Queda por reseñar la pedrea de gastos sin justificar reservada al Ministerio de Defensa: vuelve a ser de medio millón de euros, y a Exteriores: dispone de nuevo para este año de 186.310 euros.
Respecto a su organización y estructura, como primera idea hay que señalar que el modelo de Inteligencia vigente en nuestro país es heredero del sistema de seguridad de la dictadura franquista. Es decir: básicamente policial. La separación funcional de las estructuras de Inteligencia en dos ramas: una dedicada a la información en el exterior y otra al ámbito interno del país, es clásica en todos los Servicios de Inteligencia del mundo. En España, como sucede también con tantas otras de nuestras Administraciones y competencias, los Servicios de Inteligencia están superpuestos. Tanto el CNI, la Policía Nacional, también la Guardia Civil, mantienen estructura, presupuesto y personal tanto en el interior como en el exterior de nuestras fronteras. La propia naturaleza de la Transición política, con las amenazas ciertas del terrorismo, de la involución golpista y de nuestros enemigos geopolíticos exteriores, obligó a engordar unas estructuras de Inteligencia que, con el paso del tiempo, se han convertido en elefantiásicas. Este pecado de origen, nunca ha desaparecido del todo de nuestras estructuras de Información, haciendo reincidir a nuestra Inteligencia, demasiadas ocasiones, en su actividad como una auténtica policía política al servicio del poder partidista de turno.
Es el caso, por ejemplo, de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, dependiente del Ministerio de Interior. El verdadero centro de Inteligencia de nuestro Estado. Su estructura, organización, medios y procedimientos operativos tienen el carácter de secreto (según los decretos de su creación y desarrollo de 28/11/1986 y 16/2/1996). Pero las unidades centrales que están a sus órdenes: Unidad Central de Información Exterior (UCIE), Unidad Central de Información Interior (UCIO) Unidad Central de Inteligencia (UCI), Unidad Central de Coordinación y Técnicas Operativas (UCCTO) (antigua Unidad Central de Apoyo Operativo) y los Técnicos Especialistas en Desactivación de Explosivos (TEDAX) cuentan con tal cantidad de personal, medios y presupuesto, que les convierte en un verdadero poder en la sombra dentro, eso sí, de la estructura administrativa del Ministerio de Interior. Llama la atención, y resulta más que curioso, que una actividad como «la especializada en explosivos» dependa de Inteligencia dentro de la Policía. Queda fuera del organigrama de la Comisaría General de Información la famosa BOA (Brigada Operativa de Apoyo), agentes del CNI con placa de la Policía Nacional, que dependen funcionarialmente de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía pero que, jerárquicamente, están encuadrados dentro del Centro Nacional de Inteligencia. El número de agentes destinado en estas unidades es secreto, pero fuentes del Ministerio de Defensa calculan que en la Comisaría General de Información trabajarían en torno a los 2.000 policías, mientras que el personal de la BOA estaría cubierto con 85 agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Hay una máxima que se suele repetir entre los agentes de Inteligencia: «Los Gobiernos cambian pero nosotros permanecemos en la sombra». Esta idea crea en la práctica una superestructura: la llamada
comunidad de Inteligencia que se coloca por encima, aunque oculta, de gobiernos, legislaturas y al margen de su control, reforma o regeneración. Un verdadero Estado dentro del Estado. Con sus propios intereses,
omertá, mecanismos y
vendettas internas. Algo de lo anterior estaría sucediendo con la aparición de los nombres vinculados al
caso Interligare. Muchos de ellos, como es el caso de Gabriel Fuentes o Miguel Ángel Fernández Rancaño, han ocupado cargos y responsabilidades durante los Gobiernos del PSOE y del PP.
Pero la historia más reciente nos demuestra que el PSOE en el Gobierno tiende a confundir la Administración pública con su propia organización partidista, abusando de los aparatos institucionales del Estado para sacar provecho propio. Esta práctica ha contaminado en su totalidad los servicios de Inteligencia en nuestro país. Un personaje como Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro portavoz durante el Gobierno de los GAL y el saqueo de los fondos de Interior hace 20 años, vuelve a aparecer ahora implicado como máximo responsable político en una trama de presunto espionaje y corrupción económica en el Ministerio de Interior. Su nombre y biografía es la prueba más evidente de que lo que permanece, no cambia, ni tampoco desaparece. Son las sombras de nuestro Estado: las viejas cloacas de toda la vida. El Partido Popular no quiso, o no pudo, deshacerse de ellas bajo el Gobierno de José María Aznar. Y así le fue. Todo apunta a que Mariano Rajoy pretende seguir por el mismo camino. Será su responsabilidad.
Nadie puede cuestionar la existencia y funcionamiento de los Servicios de Inteligencia en una democracia. Todo Estado precisa de áreas de reserva y discreción, siendo requisito indispensable que en ellas se actúe al servicio de los más altos intereses del Estado, bajo el imperio de la Ley, el control judicial y la responsabilidad política. Un Estado de Derecho no puede albergar zonas oscuras, fuera del alcance de los tribunales y al margen de la autoridad y la responsabilidad políticas.
Javier Castro-Villacañas (El Mundo)
